El viceministro de Seguridad, Armando Calidonio, en su comparecencia ayer ante el presidente del Poder Legislativo, Juan Orlando Hernández, la junta directiva y los jefes de las bancadas del Congreso Nacional, les planteó la situación del país en cuanto a inseguridad. “Les explicamos que el problema no sólo es una lucha de la Secretaría de Seguridad y nuestros policías, sino de toda la sociedad”, añadió.
Calidonio destacó que planteó varios puntos básicos, como aplicar una política integral de convivencia y seguridad ciudadana y mejorar el presupuesto de la Policía.
“Se deben tomar decisiones urgentes, pero no apresuradas”, señaló Calidonio, quien señaló que hoy se reunirá la comisión del Presupuesto del CN para ver detalles presupuestarios y analizar si se amplía esta partida.
“Les enfatizamos que tuvimos una reducción de L 210 millones en la parte operativa y necesitamos por lo menos de 548 millones de lempiras más para enfrentarnos a estos altos índices violentos en lo que queda del presente año”.
Según el viceministro, “somos el fiel reflejo del presupuesto asignado. Tenemos esa limitación porque no podemos ejecutar más operativos. Si seguimos así, serían menos que en 2010”.
El funcionario indicó en que “habrá que coordinar con Finanzas y buscar alternativas porque la seguridad es prioritaria en el país. Las bancadas nos apoyarán; entendieron mejor el problema de la labor integral”.
El titular del Congreso Nacional, Juan Hernández, mencionó que ya dio instrucciones al presidente de la comisión de seguridad, Mario Pérez, para que tengan reuniones permanentes hasta apoyar a dicha secretaría. “Nos plantearon reformas de legislación, medidas de orden presupuestario y el uso de alta tecnología en la lucha contra la delincuencia. Y apoyaremos”.
Militares a las calles
“Estaremos apoyando permanentemente a la Policía Nacional hasta que controlemos a la delincuencia”, expresó ayer el jefe del Estado Mayor Conjunto, René Osorio.
El general de brigada agregó que “en pocas horas saldremos a las calles, como lo solicitó el presidente Lobo. Ejecutaremos las operaciones simultáneamente en los barrios y colonias donde según las estadísticas de la Secretaría de Seguridad existe más criminalidad”.
Osorio se mostró satisfecho al saber que la ciudadanía se siente más segura cuando ve a los militares patrullando en las calles.
“El control será permanente hasta bajar los índices delictivos”.
Osorio no reveló el número de elementos para no darle armas a la delincuencia, sólo confirmó “tenemos suficientes elementos para apoyar a la Policía”.
Mario Alberto Castillo, comandante de la 105 Brigada de Infantería, anunció que “estamos en alerta, preparados y esperando el llamado de los altos mandos. Todas las cuatro unidades apoyaremos, así como las ubicadas en Naco y Santa Bárbara, entre otras”.
Desarme general
El presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados de Honduras, Teodoro Bonilla, manifestó que “la mayoría de las propuestas fueron nuestras. Planteamos que hay jueces y fiscales amenazados por conocer o investigar casos del crimen organizado. Los titulares de la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial se comprometieron a dar seguridad a estos colegas porque no pueden administrar bien la justicia por riesgo”.
Bonilla dijo que “aplauden que no se aplicarán más medidas sustitutivas en casos de crimen organizado. Se mandará una circular para no dictar medidas”.
Otra propuesta que esperan que se cumpla, explicó Bonilla, es la reforma de las condenas aplicadas a los menores infractores, “queremos que se amplíe la pena cuando cometan delitos graves. El Código de la Niñez sólo habla de ocho años y proponemos que sean 20”.
Bonilla opina que es prioritario reactivar el decreto de desarme general en todo Honduras, “ésta es otra causa de la violencia: muchas armas circulando ilegalmente”.
Los operadores de justicia pidieron que se reanude la investigación en manos de la Fiscalía para que haya una indagación especializada dirigida por los elementos que vayan a recoger las pruebas.
“Hay poca investigación y deben fortalecerse los laboratorios forenses. Y es necesario comenzar a depurar las instituciones de los operadores de justicia”, apuntó el presidente de los jueces.
Según Bonilla, algunas medidas podrían ejecutarse inmediatamente en los próximos quince días y las reformas entrarían a finales de marzo o luego de Semana Santa.
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